Compradores de viviendas son víctima de la crisis inmobiliaria

SANTO DOMINGO, DN.-En enero de 2007 el anuncio del proyecto inmobiliario Torres del Farallón, presentado en los espacios pagados como “las torres más exclusivas de la Zona Oriental”, atrajo la atención tanto de adquirientes novatos como de experimentados inversionistas.

Según los expertos en la materia, los cinco edificios contemplados para el complejo reunían todas las cualidades necesarias para una inversión garantizada: lujo, buena ubicación, vista al mar y precios muy atractivos, sobre todo en comparación con proyectos de la misma envergadura.
“Torres del Farallón”, que prometía ser un lujoso habitacional, está paralizado desde 2008.
Muy pronto las expectativas que había alrededor del proyecto, promovido por Inversiones Soto & Goico, se tradujeron en una inversión de más de RD$87 millones por parte de más de cien adquirientes, muchos de los cuales compraban más de un apartamento.
También muy pronto vinieron los conflictos. El trabajo en las edificaciones se detuvo a principios de 2008, a sólo meses de haber comenzado, pues la constructora no consiguió financiamiento con ninguna de las entidades bancarias a las que acudió.
A más de un año de la fecha en que Inversiones Soto & Goico se comprometió a entregar la última etapa del proyecto, la obra continúa suspendida y los adquirientes, cansados de esperar una solución al callejón sin salida, reclaman la devolución del monto total pagado hasta el momento.
“Hace más de dos años que no trabajan. Nuestro dinero, que nos hemos ganado con mucho sacrificio, está ahí estancado. Esta gente nos ha estafado. Lo que queremos es que nos devuelvan nuestro dinero cuanto antes”, denuncia Eléxido Madera, un comprador que desembolsó cerca de un millón de pesos (RD$998,000) en cuotas por el inicial de dos apartamentos.
Esta posibilidad, sin embargo, no se ha ventilado entre las propuestas que los compradores recibieron a través de Mélido Marte, representante de Remax Metropolitana, la firma que vendió el proyecto.
Millones de pesos pagaron los más de cien adquirientes que invirtieron en el proyecto Torres del Farallón, en Santo Domingo Este.
En abril de 2009 esta inmobiliaria informó a los compradores que para solucionar el conflicto debían elegir una de tres opciones propuestas por las empresas Inmobiliaria HK, Constructora HC y Rodelsa Inversiones, que entonces estaban interesadas en adquirir las Torres del Farallón.
La primera posibilidad contemplaba la devolución inmediata del dinero, aunque no en su totalidad, pues se presentaba como condición que los adquirientes renunciaran al 35% del monto total de su inversión.
La segunda propuesta consistía en que los compradores aceptaran quedarse en el proyecto, firmar un nuevo contrato con la empresa que lo retome y pagar un precio promedio de RD$3.8 millones por apartamento, lo que estaría muy por encima de los precios contemplados al principio, que iban desde RD$1.9 a RD$3.5 millones para la mayoría de las unidades habitacionales.
casos contra constructoras e inmobiliarias fueron a los tribunales impulsados por Pro Consumidor desde septiembre de 2009.
Por último, existía la opción de aceptar la devolución de todo el dinero pagado a la constructora y a la inmobiliaria, pero sólo cuando los nuevos promotores concluyan y revendan el proyecto. Esto, por supuesto, tiene para los adquirientes el impacto negativo de la devaluación de la inversión.
Las tres opciones fueron rechazadas por la mayoría de los compradores, que alegaban que todas resultaban perjudiciales y que no las acatarían porque no fueron ellos quienes violaron el contrato, sino la constructora.
El presidente de esta empresa, Alejandro Alberto Soto Job prefiere no hablar del tema públicamente. Sin embargo, su posición consta en una carta que Mélido Marte envió a los adquirientes el 18 de noviembre de 2009.
Según el documento, Soto Job ha manifestado que no tiene recursos para hacer un reembolso y que está dispuesto a traspasar el proyecto a otro inversionista, incluso cuando las condiciones del traspaso no lo favorezcan.
Aquí no tenemos ninguna regla para el sector inmobiliario. Precisamente por eso está así, por eso el desorden”
Altagracia Paulino, Directora Pro Consumidor
Pero el traspaso de las Torres del Farallón se ha tornado difícil de ejecutar. Desde el fracaso de la constructora varios inversionistas iniciaron las negociaciones sin llegar a ningún acuerdo. En la actualidad se lleva a cabo otro intento, esta vez con la intermediación del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
El administrador de Remax Metropolitana, Jorge Vilalta, admite que el escenario se torna gris, puesto que el proyecto tiene vicios en el ámbito presupuestario desde que fue concebido.
“Es imposible para nadie coger un proyecto y venderlo a precios que fueron mal calculados desde el principio por su propietario”, considera.
Agrega que con los precios a que fue vendido el proyecto originalmente ningún inversionista lo asumiría, porque nadie estaría dispuesto a invertir para no recuperar su capital. A su juicio, esta pudo ser la causa por la que los bancos le negaron el financiamiento a Soto & Goico.
En ese proyecto fue una estafa vulgar lo que nos hicieron. Nunca pensamos que algo así podía ocurrir”
Gregorio de Jesús, Adquiriente
A esto se suman factores externos como el alza de las tasas de interés, que prácticamente se duplicaron en 2008: en enero de ese año el Banco Central calculó una tasa de 13.94% y, ya para el mes de diciembre era de 22.24%.
También el aumento en los precios de los materiales de construcción impactó con fuerza el mercado inmobiliario, en sentido amplio. Aunque hubo otros proyectos con dificultades financieras, ninguno ha sido tan grave como las Torres del Farallón, según indicaron algunos conocedores.
Aunque se desconoce la cantidad de casos que en estos momentos están en los tribunales por razones similares, los que llegan a Pro Consumidor indican una mayor frecuencia de estos conflictos. Sólo en los primeros tres meses de este año -de enero a marzo- hubo 50 quejas vinculadas a este sector. Esta cifra es superior a la totalidad de reclamaciones que recibió la entidad en todo 2009, cuando registró 47.
La crisis afectó a muchos proyectos similares. Todavía quedan secuelas. Además de la Torre del Farallón hay un par de proyectos más”
Jorge Vilalta, Administrador de Remax
Es precisamente Inversiones Soto & Goico la compañía que encabeza la lista de constructoras e inmobiliarias con mayor cantidad de quejas y reclamaciones. A esta le siguen Inmobiliaria Geraldino, LJM Urbanizadora Dominicana, Inversiones RMB, Remax Metropolitana y la Consultora Vásquez y Cuevas.
Pese a que durante 2009 hubo menos casos que en lo que va de 2010, éste fue el cuarto sector comercial con mayor cantidad de quejas, sólo superado por las tiendas por departamentos, el sector de las telecomunicaciones y el eléctrico.
Altagracia Paulino, directora de Pro Consumidor percibe que los casos de incumplimiento por parte de las constructoras, promotoras y agentes inmobiliarios son mucho más frecuente de lo que pueden registrar.
Esto se debe a que, por desgracia, la mayoría de los usuarios del sector ignoran que Pro Consumidor tiene potestad legal para intervenir en estos casos y prefieren hacer sometimientos en los tribunales civiles, un trámite que allí resulta más caro y largo.
El dinero que nos hemos ganado con mucho sacrificio está estancado. Esa gente nos ha estafado”
Eléxido Madera, Adquiriente
“Lamentablemente, muchos casos llegan aquí cuando ya están en la corte civil y no podemos darle entrada porque un solo caso no puede estar en dos instancias a la vez”, indica.
Piensa que es preocupante la situación del sector inmobiliario, lo que califica como un desorden, pues ninguna entidad vigila el corretaje inmobiliario en el país. “Es realmente un mercado muy conflictivo. En muchos de los casos que han llegado aquí hemos logrado que a la gente se le devuelva su dinero, pero un dinero ya devaluado”, afirma Paulino.
La funcionaria está convencida de que el sector inmobiliario de República Dominicana carece completamente de regulación.
“Por eso es importante que haya una legislación. De todos modos, en la parte civil están los contratos, pero ir a los tribunales es caro y lento”, sostiene.
Ya la Asociación de Empresas Inmobiliarias elaboró y llevó al Congreso Nacional una propuesta de anteproyecto de ley para que sea de carácter obligatorio que los empresarios del sector cuenten con licencias, así como de fianzas o seguros de caución que permitan ofrecer garantía de seguridad a los adquirientes.
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