La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) reveló, incluso, que en las provincias Santo Domingo y La Altagracia se ha establecido una especie de sistema tarifario para la resolución de casos, teniendo como actores principales a fiscales que ponen precio al ejercicio doloso de librar de culpas a personas vinculadas a diferentes hechos criminales.
El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa, asegura que en los municipios Higüey y San Cristóbal “la gente acude ante el Ministerio Público convencida de que no tendrán la receptividad que procuran, porque quien carece de recursos no le queda otro camino que no sea el de las lamentaciones”.
Sostiene que la fraudulenta práctica de negociar la libertad de presos antes de llegar a los tribunales o ablandar sus expedientes para que sean absueltos por falta de pruebas, no es algo nuevo en el país. “Es un secreto a voces, del que no es ajeno las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso es por la falta de vigilancia con que opera el sistema, en donde fiscales y policías han sido denunciados como participantes del tumbe de drogas, constituyéndose la acción en una vergüenza para el sistema de justicia”, apunta.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, coincide con De la Rosa en que la cuestionada actuación de los fiscales es frecuente en las responsabilidades asignadas a estos miembros del Ministerio Público.
“¿Cómo vamos a resolver este problema?, porque el problema está. Esa situación que se está dando en la Policía, en donde muchas veces vemos personas que no se comportan acorde con la posición que ocupan, eso también se da en el Ministerio Público”, asegura.
Castaños Guzmán considera que para corregir estas anomalías el Ministerio Público debe iniciar, sin demora, un proceso de depuración de sus miembros. Esto, con la finalidad de separar de sus funciones y someter a la Justicia a representantes que, haciendo uso de sus cargos, extorsionan a inculpados o actúan en contubernio con criminales.
“Esa gente hay que tenerlas permanentemente vigiladas. Estas son de las cosas que hay que seguir desmontando a lo interno de esta institución, porque eso atenta contra la carrera y contra una serie de fiscales que habiéndose sometido a exámenes o evaluaciones de desempeño, terminan contaminados también”, afirma.
Para el coordinador de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, las irregularidades se derivan de la discrecionalidad que en el archivo de los expedientes otorga a los fiscales el artículo 281 del Código Procesal Penal. “Esto es lo que le ha servido para esconder esas actividades, ajena a la ética y la moral que se están perpetrando a lo interno del Ministerio Público”.
Para que la sociedad tenga una idea de la gravedad de las denuncias, sugiere la realización de un inventario para conocer la cantidad y el contenido de expedientes archivados por los fiscales. “Ahí vamos a encontrar horrores. Es decir, casos graves que son archivados bajo el subterfugio o alegato de que no hay suficientes pruebas o que existe la imposibilidad material de aportar o buscar nuevas pruebas”.
Vidal Potentini está convencido de que sólo si se levantan estadísticas de los casos archivados se podrá observar el abismo de impunidad que esconde esta práctica tramposa en el manejo de expedientes. Asimismo, entiende que los datos que arroje un inventario de expedientes archivados deberían servir de base a las evaluaciones que realiza la Escuela del Ministerio Público a los fiscales.
Procurador ordena investigación
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, designó una comisión para que levante “una exhaustiva investigación” sobre las denuncias de fiscales señalados como corruptos. La integran el director del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría, Bolívar Sánchez; el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y Perfecto Acosta, fiscal de Santo Domingo.
El Caribe
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